Autora: Leila al Shami
Publicado originalmente en InTheseTimes, el 23/012017
El régimen está reconquistando territorio a través del desplazamiento de una población civil a la que nunca podrá aspirar a gobernar con su consentimiento.
El mundo observó, a lo largo de noviembre y diciembre de 2016, mientras las condiciones en la zona controlada por los rebeldes de Alepo se hacían insoportables. Allí, en medio de fuertes nevadas, miles de residentes fueron desplazados forzosamente de sus hogares. La mayoría fue enviada a Idlib, donde el régimen está concentrando a sus oponentes y pronto podría concentrar su poderío militar. Según informes, algunos de los que fueron enviados al oeste de Alepo, detenidos por el régimen, fueron arrestados, entre ellos Ahmad Mustafa, periodista de Halab Today, y Abdulhadi Kamel, voluntario de la Defensa Civil siria. A otros los reclutó por la fuerza el ejército del régimen.
Alepo sólo es el bastión más reciente de la oposición que sigue un patrón ahora familiar. Las tropas terrestres pro-Assad, a menudo milicias chiitas de Líbano, Irak o Afganistán respaldadas por los iraníes, imponen un asedio a la zona controlada por los rebeldes. Nadie puede salir; los que lo intentan son detenidos o fusilados por francotiradores. No se permite entrar nada, incluyendo alimentos básicos o suministros médicos. El régimen de Bashar al-Assad concede pocas solicitudes de agencias humanitarias para acceder a las comunidades asediadas. Los asedios, que equivalen a la inanición deliberada de la población civil, van acompañados de una campaña de intensos bombardeos del régimen y rusos. Lanzan bombas de barril prohibidas internacionalmente, armas químicas y armas incendiarias sobre las zonas residenciales. Las tierras agrícolas, las instalaciones médicas y los trabajadores de rescate son objetivo deliberado y sistemático. Debilitada y agotada, la población asediada se ve obligada a capitular en un «acuerdo de tregua local», a menudo acompañado por el desalojo de la totalidad o parte de la población. Y, por último, el régimen envía autobuses verdes para evacuar a los civiles, que tal vez nunca volverán a ver sus hogares.
Un informe reciente de Siege Watch estima que a partir de octubre de 2016 había más de 1,3 millones de personas atrapadas en al menos 39 comunidades asediadas a través de Siria. De los 1,3 millones, el 91 por ciento está sitiado por el régimen de Assad y sus aliados. Las excepciones incluyen Deir el-Zour, donde el cerco es aplicado principalmente por ISIS -aunque el régimen está imponiendo restricciones internas adicionales, tales como la regulación de la distribución de la ayuda humanitaria y la restricción de la libertad de circulación de los civiles. En Idlib, los grupos rebeldes islamistas han asediado las ciudades predominantemente chiítas de Foua y Kfraya, usando a los civiles como una herramienta de negociación. Estos civiles también fueron evacuados de sus hogares en el acuerdo de Alepo de diciembre. Todos los que están atrapados en estas prisiones al aire libre son vulnerables al desplazamiento. La política de «morir de hambre o rendirse» del régimen puede mutar en cualquier momento para «rendirse o arriesgarse a la aniquilación». En octubre, aviones sirios y rusos lanzaron folletos sobre el este de Alepo lque decían: «Si no abandonas esta zona inmediatamente estarás acabado. Sabes que todo el mundo ha renunciado a ti. Te dejaron sola para hacer frente a tu perdición.
Con su estrategia de asedio y desplazamiento, el régimen está volviendo a conquistar territorio mediante la evacuación de una población civil de la que nunca puede esperar el consentimiento para gobernar. El 30 de diciembre y el 6 de enero, después de reducirse las hostilidades, los sirios volvieron a estar en las calles de Alepo, Idlib, Homs y Damasco, demostrando su continua oposición al gobierno de Assad. Y el régimen no puede mantener solo el territorio reconquistado. Cuando los residentes de la ciudad abandonaron Alepo oriental, las fuerzas de ocupación rusas se movieron por las calles desiertas. Ahora crecen los temores para los desplazados, que han sido forzados al cada vez más pequeño territorio de la oposición o a los campamentos del exilio bajo el frío del invierno.
Alrededor de la capital, las fortalezas revolucionarias se han enfrentado a un destino similar al de Alepo. Daraya, por ejemplo, un suburbio de Damasco, cayó en manos del régimen en agosto de 2016. Este pueblo, modelo de resistencia civil no violenta y auto-organización democrática, era un ejemplo vivo de lo que podría ser una Siria post-Assad. Después de un asedio de 1.368 días y bombardeos con bombas de napalm y bombas de barril – aproximadamente 9.000 de estos últimos, según los activistas locales- los residentes de Daraya se vieron obligados a rendirse. Como parte del acuerdo negociado entre los grupos rebeldes y el ejército del régimen, toda la población restante fue desplazada por la fuerza. Los soldados de Assad gritaban lemas pro-régimen mientras los residentes de Daraya abordaban los autobuses bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Los combatientes fueron enviados a las zonas rebeldes de Idlib y los civiles a las zonas del régimen en la provincia de Damasco.
Poco después, en octubre, los rebeldes y el régimen negociaron un acuerdo de tregua en Moadamiyeh para poner fin al asedio de cuatro años y al bombardeo aéreo allí. Moadamiyeh fue una de las ciudades de la región de Ghouta golpeada en el ataque de sarín de agosto de 2013, donde cientos de personas fueron asesinadas con gas. Los combatientes y sus familias, pero no los civiles, fueron trasladados a Idlib y la seguridad del régimen volvió a entrar en la ciudad después de su larga ausencia. Como la ONU había recibido fuertes críticas por ayudar al traslado forzoso de la población de Daraya, se abstuvieron de ayudar en las evacuaciones posteriores. No hay monitoreo independiente de áreas que hayan regresado al control del régimen y los residentes de Moadamiyeh han informado sobre arrestos y desapariciones recientes desde el regreso de la tiranía de Assad.
En el oeste de Damasco, la ciudad de Khan al-Shih (que contiene el campamento «Al Awda» para refugiados palestinos) también ha sufrido desalojos recientes. A pesar de los esfuerzos de los residentes de Al Awda para permanecer neutrales durante la revolución y la guerra, se les sometió a campañas de arresto y bombardeos regulares. Durante el verano, los ataques aéreos del régimen y rusos se intensificaron con los nuevos enfrentamientos con grupos rebeldes en el área de Khan al-Shih y atacaron las escuelas y hospitales del campamento. Sellaron todas las vías principales de acceso al campamento, atrapando a 12.000 residentes (de lo que fue una vez fueron 30.000) en su interior. Ante la disminución de los suministros de alimentos y la escasez de agua y electricidad, llegaron a un acuerdo para facilitar las condiciones en el campamento a cambio de la evacuación de los combatientes y de sus familias, así como de muchos activistas, periodistas y otros civiles, según Informes sobre el terreno reunidos por el Grupo de Acción para los Palestinos de Siria. En noviembre y diciembre, los residentes abordaron los autobuses verdes hacia Idlib. Para aquellos que habían huido de Palestina en 1948, esta era una segunda Nakba.
En el barrio de Al-Waer, el último bastión revolucionario de la ciudad de Homs, los combatientes de la oposición y el régimen llegaron a un acuerdo en agosto para evacuar a los rebeldes y a sus familias a Idlib a cambio del final del asedio y del bombardeo aéreo y la liberación de – o información sobre el destino de – unos 7.300 detenidos locales. Desde entonces, han marchado más de 600 combatientes rebeldes y sus familias, pero sólo han liberado a 194 detenidos, paralizando nuevas evacuaciones. Aquellos que han marchado se unirán a los 6,6 millones de sirios que ya no viven en sus casas, sino que el conflicto ha convertido en desplazados internos, sin contar los cinco millones que han huido del país como refugiados desde 2011.
Los que se van quizá nunca regresen. La Homs Antigua, una vez llamada «capital de la revolución», volvió al control del régimen en 2014. Dos años después, las estadísticas oficiales dicen que sólo el 40 por ciento de los 300.000 que huyeron de la ciudad han regresado. Muchos no regresarán a las zonas controladas por el régimen por temor a represalias, arrestos o reclutamiento militar forzado. Otros ya no tienen los documentos de propiedad o temen ir a validarlos en los departamentos estatales. Incluso alquilar una propiedad hoy en día puede requerir autorización de la seguridad de trece departamentos diferentes. En algunos casos los que han regresado encuentran nuevas familias que viven en sus casas. Otros pueden encontrar su casa en ruinas. Según Human Rights Watch, miles de casas en zonas de la oposición en Damasco y Hama han sido demolidas por el régimen, usando explosivos y excavadoras, borrando de hecho barrios enteros del mapa.
A través de estas evacuaciones Assad es capaz de recuperar el control sobre el territorio perdido. La primera prioridad del régimen es vaciar las fortalezas rebeldes de los combatientes que las defienden, lo que le permite concentrar sus recursos militares en otros lugares. Assad también sabe que no puede ganar la lealtad de las comunidades disidentes que han sufrido tanto a manos de su régimen, así que a menudo desalojan también a los civiles. Muchos son enviados a Idlib, donde la enorme afluencia está aumentando la presión sobre los organismos de la oposición para proveer a la población a pesar de los recursos limitados. El predominio de grupos extremistas como Jabhat Fatah al-Sham (anteriormente conocido como Jabhat al-Nusra) -la ex afiliada de Qaeda en Idlib- es una excusa para el asalto del régimen en nombre de su «Guerra contra el Terror».
También hay una dimensión étnica en la limpieza de Assad de los baluartes de la oposición. Las comunidades de oposición se componen principalmente de árabes sunitas, que constituyen la mayoría de la población de Siria, mientras que la mayoría de las comunidades minoritarias, particularmente de la secta alauita a la que pertenece el presidente, se han mantenido fieles al régimen. Cuando “evacuaron” el Antiguo Homs en 2014, se informó que fieles alauítas y chiitas de las aldeas cercanas se habían trasladado a casas sunitas vacías. Los colonos extranjeros también se han trasladado a zonas despojadas de la población local. Alrededor de 300 familias iraquíes chiítas se han trasladado a Daraya y a Moadamiyeh, según consta, con una casa y con incentivos financieros. Irán ha estado comprando bienes raíces alrededor de la capital y en Homs, incluyendo los hogares de aquellos que han sido desplazados, con precios que colocan a los locales fuera del mercado. Incluso en la antigua ciudad de Damasco, que nunca dejó de controlar el régimen, los cristianos se han quejado de la presencia de un gran número de milicianos chiítas iraníes, iraquíes y libaneses que cambian la demografía local.
A través de esa ingeniería demográfica, el régimen sirio está tratando de asegurar un electorado leal en las áreas que considera útiles. Algunos observadores han acogido con satisfacción las treguas locales como preludio de la paz. Sin embargo, los actos que las acompañan como el traslado forzoso dela población y la implantación de colonos, deben considerarse crímenes de guerra. La comunidad internacional debe ejercer una verdadera presión diplomática y económica sobre el régimen y sus aliados para poner fin al bombardeo y levantar los asedios, permitiendo la libertad de circulación de los civiles y el acceso a la ayuda humanitaria de urgente necesidad. Ello no será posible sin la presión sostenida de un público global solidario con el oprimido pueblo sirio y demandando a los partidos responsables que pongan fin a su sufrimiento. Cualquier paz justa también debe incluir el derecho de retorno, de manera que los millones de personas desplazadas de Siria puedan regresar con seguridad
Flores en Daraya 
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